Caza ilegal en la Laguna Setúbal: investigan a un empleado estatal por la matanza de aves protegidas

La investigación por una presunta cacería ilegal en la Laguna Setúbal sumó nuevos detalles y quedó bajo la lupa de organismos provinciales y de la Justicia. El caso involucra a un hombre que fue señalado a partir de publicaciones realizadas en redes sociales, donde se exhibían ejemplares de aves acuáticas abatidas durante presuntas jornadas de caza.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático inició una investigación administrativa y presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación. El acusado sería un empleado de planta permanente del Estado provincial y no tendría el carnet habilitante para practicar caza deportiva.

El material que originó la investigación fue difundido por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas). A partir del análisis de las imágenes, se identificaron ejemplares correspondientes a distintas especies de aves acuáticas.

Entre las especies mencionadas aparecen pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar. También se analizaron registros anteriores relacionados con el pato crestudo, una especie cuya caza se encuentra prohibida y que tiene una categoría de amenaza a nivel nacional.

Una zona con restricciones para la caza

Uno de los puntos que analiza la investigación es el lugar donde se habrían producido las capturas. Las presuntas jornadas de caza habrían tenido lugar en la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la ciudad de Santa Fe y a la altura de sectores como barrio El Pozo.

La Provincia señaló que, además de la presunta falta de licencia, deberán determinarse posibles incumplimientos relacionados con especies protegidas, períodos de veda, cupos y utilización de elementos de caza no permitidos.

La investigación comenzó de oficio luego de que las autoridades ambientales tomaran conocimiento de las publicaciones difundidas en redes sociales.

Una multa que podría superar los $3 millones

El expediente administrativo contempla la posibilidad de aplicar una sanción económica. L a multa máxima actualmente ronda los $3,5 millones.

En marzo de 2026, el Gobierno provincial actualizó los valores de las sanciones vinculadas con infracciones a la normativa de fauna silvestre y estableció un máximo de $3.456.434,80.

La sanción administrativa se tramita en paralelo a la investigación judicial. La Justicia deberá establecer si las conductas denunciadas podrían constituir un delito y determinar las responsabilidades correspondientes.

Qué dijo el acusado

De acuerdo con publicaciones que fueron analizadas durante la investigación, el hombre habría sostenido que las cacerías tenían como finalidad el consumo personal y la preparación de conservas.

Desde el área ambiental provincial remarcaron que el destino que se le pretenda dar a los ejemplares no habilita una actividad que se encuentre prohibida o que se realice sin cumplir con los requisitos establecidos.

También se puso bajo análisis la cuestión sanitaria relacionada con el consumo de fauna silvestre sin controles y sin trazabilidad.

La causa continúa

Hasta el momento, la investigación continúa abierta. Según la información publicada, no fueron encontradas las armas ni los ejemplares que aparecen en las publicaciones analizadas.

La denuncia presentada por la Provincia se encuadra en presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.

El caso deberá avanzar ahora en dos ámbitos: por un lado, el expediente administrativo para determinar las eventuales infracciones y la sanción correspondiente; y por otro, la investigación judicial para establecer si existió una conducta delictiva.

La Provincia recordó además que ante situaciones vinculadas con caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre se puede recurrir al 911 cuando se requiere una intervención inmediata y utilizar los canales oficiales de denuncia ambiental.