El Gobierno de Santa Fe quiere ofrecer recompensas por prófugos sin depender de un pedido de la Fiscalía

El Gobierno de Santa Fe busca incorporar nuevas herramientas para fortalecer las políticas de seguridad pública. Entre las iniciativas en análisis se encuentra una modificación del sistema de recompensas para localizar prófugos y la posibilidad de implementar un programa de desarme voluntario destinado a retirar armas de circulación.

La secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Lucía Masneri, explicó que el Ejecutivo pretende contar con mayor autonomía para impulsar búsquedas especiales. Actualmente, las recompensas se activan a partir de solicitudes de la Fiscalía, pero la propuesta oficial apunta a permitir que el Gobierno también pueda promoverlas en determinados casos sin necesidad de un pedido previo del Ministerio Público de la Acusación.

La intención es ampliar los mecanismos disponibles para obtener información que permita localizar a personas buscadas por la Justicia. Para eso, se evalúan cambios que deberán encuadrarse dentro de las competencias y los procedimientos legales correspondientes.

Otro de los instrumentos que la Provincia busca fortalecer es la difusión pública de las personas más buscadas. El sitio oficial reúne información sobre prófugos, recompensas vigentes y canales para aportar datos que puedan resultar útiles para las investigaciones.

Según los datos difundidos por la funcionaria, la plataforma incluye alrededor de 20 personas especialmente buscadas. Ese número no representa la totalidad de quienes tienen pedidos de captura activos, sino una selección de casos que reúnen condiciones específicas para integrar el listado.

El esquema contempla distintos montos según las características de cada investigación. Para los casos considerados de mayor complejidad, las recompensas pueden alcanzar cifras millonarias, con un máximo informado de 70 millones de pesos por información que permita localizar a Matías Gazani.

Desde el área de Seguridad remarcan que la colaboración ciudadana puede resultar importante para avanzar en investigaciones pendientes. No obstante, ante el reconocimiento de una persona buscada, la recomendación es comunicar la información a las autoridades y evitar cualquier intento de intervención directa.

La segunda iniciativa en estudio apunta a reducir la cantidad de armas que permanecen fuera de los circuitos legales. El Gobierno analiza un mecanismo que incentive la entrega voluntaria de armamento, especialmente en situaciones de tenencia irregular.

La propuesta busca actuar antes de que esas armas puedan ser utilizadas en hechos delictivos, aunque todavía no constituye un programa implementado. Su eventual puesta en marcha requerirá definir procedimientos, condiciones de recepción y articulación con los organismos nacionales competentes en materia de control de armas.

Ambas iniciativas forman parte de una discusión más amplia sobre las herramientas disponibles para prevenir delitos, mejorar las investigaciones y reducir los factores de riesgo en la provincia.