Deudores alimentarios en Santa Fe: qué restricciones podrían enfrentar con la nueva ley

La provincia de Santa Fe avanza con una reforma del Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una herramienta destinada a fortalecer el cumplimiento de las cuotas alimentarias y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y reúne propuestas de distintos bloques políticos, junto con aportes del Poder Ejecutivo. El objetivo es actualizar el funcionamiento del registro, agilizar los controles y establecer consecuencias concretas para quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.

Uno de los principales cambios previstos es la digitalización del sistema, que quedaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial. La plataforma permitiría conectar información de distintas dependencias estatales con el Poder Judicial para verificar de manera más ágil la situación de las personas obligadas a pagar una cuota alimentaria.

De esta forma, se busca reducir las gestiones burocráticas que deben realizar las familias para acreditar incumplimientos y facilitar la aplicación de las medidas previstas por la normativa.

Qué restricciones contempla la reforma

La propuesta establece distintas limitaciones para las personas que figuren como deudoras alimentarias morosas, siempre bajo las condiciones que determine el marco legal.

Entre las principales medidas se encuentran:

* Candidaturas políticas: impedimentos para oficializar postulaciones a cargos electivos provinciales, municipales o comunales.
* Estadios de fútbol: restricciones para ingresar a partidos de primera división disputados en territorio santafesino.
* Premios de juegos de azar: imposibilidad de cobrar determinados premios de juegos legales operados por la Lotería de Santa Fe.
* Trámites administrativos: limitaciones para obtener o renovar licencias, concesiones, subsidios y realizar gestiones ante organismos públicos.

La finalidad es que la inscripción en el registro tenga consecuencias concretas y contribuya a incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Un sistema conectado entre la Justicia y el Estado

La reforma apunta a que las dependencias públicas puedan consultar información actualizada sobre la situación de los obligados alimentarios. El intercambio de datos permitiría identificar a quienes hayan sido declarados judicialmente en mora y facilitar el cumplimiento de las restricciones correspondientes.

La diputada provincial Lionella Cattalini, una de las impulsoras de la propuesta, sostuvo durante el debate que el incumplimiento de la cuota alimentaria tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las familias.

La legisladora también remarcó que el dinero destinado a la manutención no constituye una ayuda voluntaria, sino una obligación vinculada con derechos esenciales como la vivienda, la educación, el transporte y la alimentación.

La dimensión del problema

Durante la presentación de la iniciativa se mencionaron estadísticas de UNICEF que reflejan las dificultades que enfrentan numerosas familias para recibir el dinero correspondiente a la manutención de sus hijos.

Según los datos citados en el debate, el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria, mientras que el 68% la percibe de manera irregular o parcial.

Estas cifras fueron utilizadas para fundamentar la necesidad de mejorar los mecanismos de control y evitar que las familias deban realizar por sus propios medios todas las gestiones para conocer los ingresos o el patrimonio de quienes incumplen.

La media sanción representa un avance legislativo, aunque la iniciativa todavía debe completar el trámite correspondiente para convertirse en ley. Su aplicación definitiva dependerá de la aprobación legislativa y de la reglamentación de las medidas contempladas.